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Ciudad Real, España
La publicidad de las administraciones públicas es una fuente más de ingresos para los medios de comunicación. Sin embargo, al tratarse de fondos de carácter público, este tipo de campañas ha precisado una reglamentación específica. Actualmente hay once comunidades autónomas con legislación en la materia y una norma de carácter nacional. Castilla-La Mancha es una de las seis autonomías que carece de ley regional, pero desde 2016 la contratación de las campañas de la Junta de Comunidades se rige mediante Acuerdo Marco. El presente trabajo, centrado en la publicidad institucional de la Junta de Castilla-La Mancha durante los años 2016, 2017 y 2018, tiene como objetivo comprobar si este nuevo sistema regulatorio ha mejorado la transparencia y la objetividad en los criterios de reparto. Se examinan las inserciones publicitarias del Gobierno autonómico (2016-2018) y se comparan con las métricas habituales de medición de audiencias.
Advertising from public administrations is an income for the media. Public administration advertising is another source of revenue for the media. However, since they are public funds, this type of campaigns has required specific regulations. There are currently eleven autonomous communities with legislation on the subject and one national standard. Castilla-La Mancha is one of the six autonomous regions that lacks a regional law, but since 2016 the recruitment of the campaigns of the Junta de Comunidades is governed by Framework Agreement. This work, focused on the institutional publicity of the Junta de Castilla-La Mancha during the years 2016, 2017 and 2018, aims to check whether this new regulatory system has improved transparency and objectivity in the criteria of distribution. The advertising insertions from the regional government (2016-2018) are examined and compared with the usual audience measurement metrics.
