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En su Sentencia 140/2016, de 21 de julio, el Tribunal Constitucional declara la invalidez de la mayor parte de la regulación de las tasas judiciales establecidas por el legislador estatal en 2012. El Tribunal considera que estas tasas suponen una restricción desproporcionada del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Tras analizar cómo están configuradas las tasas judiciales en varios ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos emanada al respecto y los beneficios y costes que para la Administración de Justicia pueden derivarse del establecimiento de estos tributos, el autor comenta críticamente la referida Sentencia y pone de manifiesto que tanto su fallo como los argumentos ofrecidos para tratar de justificarlo merecen, en líneas generales, una valoración negativa.
