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Análisis sobre el peligro de la incidencia de la Ley 10/2012 de tasas judiciales de que la cuantía en el procedimiento civil del pago de la tasa de 800 euros para interponer recurso de apelación y de 1.200 euros para el de casación conlleve una notable reducción de los recursos que se interpongan por las partes, al estar ya en vigor la exigencia del pago de tasa judicial al momento de interponer el recurso, y con independencia de la fecha en la que se inició el procedimiento, afectando ya a los recursos de apelación y casación que se deseen interponer y la segura reducción de creación de doctrina jurisprudencial que ello va a originar.
