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La Ley 12/2012 (y su posterior reforma en marzo de 2013) ha supuesto la generalizaciónde la obligación de abonar la tasa judicial por los actos de inicio del proceso y los recursos devolutivos en los procesos civiles, contencioso-administrativos y sociales. El autor realiza una exposición crítica del contenido de los puntos más controvertidos de la Ley, un analisis del tratamiento procesal de la ausencia de pago de la tasa y, por último, se recogen unas reflexiones sobre la situación actual de la Administración de la Justicia que no justifica la regulación contenida en la Ley 10/2012.
Act 10/2012 (and its subesquent reform in March 2013) has led to the generalization of the obligation to pay the court fees for the procedural and the appeals in civil, administrative and social proceedings. The author provides a critical assessment of the content of the most controversial points of the Act, an analysus of the procedural treament of non-payment of the fee and, finally, set out some reflections about the current situation of the Justice Administration does not justify the regulations contained in Act 10/2012.
