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El presente trabajo tiene por objetivo realizar un esbozo de las claves que permiten confrontar con la Constitución las tasas judiciales establecidas por la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, así como su modificación por el Real Decreto Ley 3/2013 de 22 de febrero. Aunque en principio la Constitución no se opone al establecimiento de una sistema de tasas judiciales, el legislador ha de respetar los límites que se derivan de la Constitución y especialmente de lo dispuesto en sus arts. 24.1 y 119.1.
This article aims at examinig from a constitutional point of view the court fee regulation brought in with the recent Law 10/2012 of 20 November as amended by Royal Law Decree 3/2013 of 13 February. Even if in principle the Spanish Constitution does not preclude the introduction of court fees, the legislature should abide by the restrictions resulting from it, particularly from Articles 24 $ 1 and 119 $ 1 of the Constitution.
