Internet y las redes sociales constituyen un medio idóneo en términos de oportunidad criminal. La ausencia de responsables de los contenidos que se introducen o de las actividades que se puedan realizar en ese entorno, el relativo anonimato del usuario y el modelo de privacidad que se está imponiendo –sobre todo entre los jóvenes– facilita y potencia los comportamientos criminales en el entorno virtual. A lo anterior se unen las dificultades de persecución penal, propias de un sistema jurídico que reacciona con lentitud en un escenario que le es ajeno y prácticamente desconocido. Entre ellas, la falta de experiencia social y jurídica en este ámbito; el cambio de paradigma jurídico que supone aplicar las normas vigentes a una población e incluso a un territorio indeterminado, globalizado; los tiempos de reacción desde que aparecen estas conductas hasta que son finalmente perseguidas; la disgregación normativa existente; los paraísos tecnológicos; o la difícil adecuación del derecho de prueba, por citar los más relevantes. Por todo lo dicho, tras analizar los riesgos y las dificultades señaladas, y partiendo siempre de una valoración positiva de estos avances tecnológicos, se proponen algunas medidas que, entiendo, pueden servir para reducir la aludida oportunidad criminal que amenaza, sobre todo, a los menores de edad, por ser los usuarios habituales de internet. Con ello se pretende provocar el debate sobre cuestiones clave como son el anonimato en internet y el valor del consentimiento otorgado por un menor de edad a través de estos canales de comunicación.