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El objetivo de este artículo es analizar un nuevo e inexplorado ámbito de desarrollo de la cooperación judicial penal en la UE post-Lisboa, como es la articulación político-jurídica de la protección de las víctimas, en especial de aquellas que han sufrido la violencia de género. Su originalidad e interés estriban en permitir confrontar la validez del debate teórico en curso sobre la construcción del Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia con la praxis, utilizando como banco de prueba privilegiado un conjunto de propuestas legislativas que conforman un bloque normativo emergente y, en particular, la Directiva para la adopción de una Orden Europea de Protección de las víctimas de la violencia de género.
