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El delito, como toda actividad humana, tiende naturalmente a organizarse y estructurarse a través del principio de división del trabajo. La ley 5/2010, de 22 de junio, abordó la responsabilidad penal de las persona jurídicas dentro del marco general de la delincuencia organizada adoptando un sistema de doble vía de incriminación dependiente de las estructuras de decisión de las empresas. Sin embargo, los últimos pronunciamientos jurisprudenciales tras la reforma operada por la Ley 1/2015, de 30 de marzo, han venido a encuadrar este sistema de decisión de la empresa dentro de un ente organizado, requiriendo una mínima organización para proceder frente a los entes morales. El reconocimiento de este sustrato organizativo como fundamento de la responsabilidad de las personas jurídicas tiene consecuencias directas tanto a la hora de configurar la capacidad para intervenir en el proceso como a la hora de coordinar todos los intereses afectos al desenvolvimiento de la relación jurídica procesal
The crime, as any other human activity, looks into organizing and being structureed through of Division of Work Principle. The Spanish Act 5/2010, 2nd June, addresses the criminal liability of legal persons in the general framework of the organized crime, following a double system of incrimination, whose criteria depends on the decision-making and implementation mechanisms of the companies. However, the latest judgments, after the legal ammendments by Act 1/2015, 30th March, have entailed a change into the law, requiring now the companies a minimum organization to be prosecuted. The recognition of this organization has got direct consequences in order to determinate the legal standing in the judicial proceedings and particularly to coordinate all of the interests involved
