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El trabajo pone de manifiesto las debilidades de los intentos de fundamentar una culpabilidad propia de la persona jurídica capaz de sustentar la reacción penal y se investiga sobre el objeto y fundamento de la imputación a quienes tienen que soportar la respuesta diferenciada a la persona jurídica, concluyendo que se trata de responsabilidad objetiva destinada a desincentivar enriquecimientos injustos. En consecuencia, se efectúa una interpretación del nuevo art. 31 bis CP en términos ajenos a los conceptos de pena y responsabilidad penal en sentido estricto
