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La filiación determinada en el extranjero tras una gestación por sustitución suscita la cuestión de sus efectos legales en España. Se trata de una cuestión tanto técnica como valorativa en la que se han visto implicados la DRGN, los tribunales de justicia y en especial el Tribunal Supremo así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El centro de la polémica real estriba en el alcance de la excepción de orden público internacional en relación con las certificaciones o sentencias extranjeras Mientras que le TS emplea un orden público antiguo anclado en la férrea defensa de la legalidad española y del modelo español de filiación considerado en abstracto, el TEDH se mueve en una dimensión totalmente diferente. El TEDH sí que ha defendido los derechos individuales y no la autoridad de la Ley. El TEDH sí que ha apostado por el interés del menor y ha dejado claro que la intervención del orden público internacional frente a las decisiones extranjeras relativas a la filiación de los menores nacidos tras una gestación por sustitución debe ser razonada y proporcionada. Sólo de ese modo se protege el derecho a la vida privada y a la identidad personal transfronteriza de los menores.
Surrogacy abroad arises difficult problems concerning filiation or the child. With regard to Spain, surrogacy abroad has provoked the intervention of the Spanish “Dirección General de los Registros y del Notariado”, as well as other courts including the Spanish Supreme Court. Finally, the European Court of Human Rights has also rendered different judgments on the matter. The center of the controversy lies in the scope of the public policy clause when it is invoked against the legal effects in Spain of certificates or foreign judgments on surrogacy. While the Spanish Supreme court preferred to use an old public policy anchored in a strong defense of the Spanish law and the Spanish model of fliación, the ECHR is moving in a completely different direction. The ECHR has defended the individual rights above the authority of the Law. The ECHR has committed itself to the interests of the child and has made clear that the involvement of the public policy exception against the recognition of foreign decisions concerning the filiation of the child born after a surrogacy process should be reasonable and proportionate. Only in this way the right to privacy and to a personal identity of the child may be guaranteed.
