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El ámbito de la Administración de Justicia ha resultado ser uno de los más impermeables para la normalización de las lenguas propias oficiales. El avance del proceso de normalización lingüística en los diversos sectores sociales y de la acción pública no se ha visto reflejado con la misma intensidad en este ámbito. Son muchos los factores que inciden en esta situación, y que analizaremos en este trabajo, como la aparente desconexión entre la LOPJ y los imperativos de la doble oficialidad lingüística, la necesidad de desarrollos más efectivos sobre la organización y la propia capacidad lingüística de los miembros del poder judicial como forma de garantizar los derechos de uso de las lenguas, la constatación, sobre la base de la experiencia de cuarenta años, de la insuficiencia del recurso a la meritación del conocimiento lingüístico (y no su exigencia) como instrumento sobre el que basar la garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, la opción por un sistema organizativo centralizado del poder judicial o el enfoque jurisprudencial que trata de reconducir la cuestión lingüística dentro de los estrictos parámetros del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, a lo que quisiéramos prestar atención principal en este trabajo.
