La adopción del paquete Omnibus I en febrero de 2026 marca un punto de inflexión en la arquitectura europea de sostenibilidad empresarial. Presentado como un ejercicio de “simplificación”, el texto final modifica, reduciendo el alcance subjetivo, debilitando obligaciones sustantivas y eliminando la armonización europea en materia de responsabilidad civil. Este artículo sostiene que Omnibus I no representa una mera racionalización técnica, sino una desintensificación regulatoria con efectos estructurales sobre la rendición de cuentas corporativa. La elevación de umbrales, la supresión de los planes de transición climática y la reducción del poder sancionador reconfiguran el equilibrio entre competitividad y tutela de derechos humanos y clima, en una Unión Europea que, en los últimos años, ha desplazado el eje de su proyecto normativo desde la afirmación de valores estructurales hacia una agenda centrada en la recuperación post-pandemia y la resiliencia ante crecientes tensiones internas e internacionales. Desde la perspectiva del enforcement, la reforma desplaza el centro de gravedad desde el control público armonizado hacia mecanismos públicos estatales fragmentados y además algunos privados. Ello abre interrogantes sobre el riesgo de race to the bottomregulatorio, pero también sobre el potencial del poder sancionador de la autoridad administrativa y compensatorio del derecho privado, la litigación estratégica y la gobernanza contractual en cadenas globales de suministro. Omnibus I no cierra el ciclo regulatorio europeo de sostenibilidad; lo transforma. Su efectividad futura dependerá menos del texto formal adoptado que de la capacidad de reconstruir estándares exigibles a través de mecanismos de enforcementhíbridos y transnacionales.