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La contratación pública ha dejado de concebirse exclusivamente como un mecanismo de aprovisionamiento para convertirse en un instrumento estratégico capaz de orientarse hacia objetivos de interés general. Este trabajo examina la evolución del marco normativo y jurisprudencial europeo y español en materia de cláusulas sociales, identificando los principales obstáculos que dificultan su implementación efectiva –entre ellos, la interpretación restrictiva del vínculo con el objeto del contrato, la falta de uniformidad en la aplicación de la normativa y la ausencia de mecanismos de supervisión en la fase de ejecución–. Asimismo, se proponen reformas orientadas a fortalecer la dimensión social de la contratación pública en la próxima revisión de las Directivas europeas, destacando la necesidad de incorporar la obligatoriedad del cumplimiento de las normas sociales y laborales, en particular los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, y de avanzar hacia una contratación pública ética que promueva el trabajo decente.
