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Garantizar la integridad de las elecciones constituye un objetivo prioritario de los Estados democráticos. Las elecciones en el mundo digitalizado evidencian un elenco interminable de amenazas cuyo epicentro parte de la datificación y del uso de herramientas y técnicas al servicio de la manipulación de la voluntad política. La exigencia de transparencia, y la definición de sus requisitos, para los proveedores de la publicidad política, así como la prohibición de técnicas de segmentación de este tipo de publicidad especialmente durante la campaña electoral constituyen un deber jurídico inaplazable para el legislador nacional y europeo. De ahí que en este trabajo se analice la propuesta de la Comisión del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la transparencia y la segmentación política, tras la fijación de posición del Parlamento Europeo (febrero 2023), y se reflexione sobre algunas de sus implicaciones y efectos en la normativa electoral española.
Guaranteeing the integrity of the elections constitutes a prioritized objective of democratic States. Elections in the digitized world reveal an endless list of threats and its epicenter stems from datafication and the use of tools and techniques at the service of manipulating political will. The obligation of transparency, and the definition of its requirements for providers of political advertising, as well as the prohibition of segmentation techniques for this type of advertising, especially during the electoral campaign, represent a legal duty that cannot be postponed for the national and European legislator. Hence, this paper analyses the Commission proposal for a regulation of the European Parliament and the Council transparency and political segmentation, after the establishment of the position of the European Parliament (February 2023) with the aim to reflect on some of its implications and effects on the Spanish electoral regulations.
