El interés de la Unión Europea por impulsar un mercado interior que garantice la libre circulación de mercancías y servicios ha transcurrido paralelo a la aprobación de diversas Directivas en las últimas décadas destinadas a procurar mecanismos de tutela de los derechos de los consumidores en todos los Estados miembros. En esta línea se inscribe la Directiva 2020/1828, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores. La transposición de esta Directiva va a requerir una revisión en profundidad de la tutela colectiva en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el presente trabajo se abordan los aspectos procesales básicos que deberán ser necesariamente objeto de reforma.
The interest of the European Union to promote an internal market that guarantees the free movement of goods and services has coincided with the approval of several Directives in recent decades that have aimed at establishing mechanisms for the protection of consumer rights in all Member States. One of these instruments is Directive (EU) 2020/1828 of 25 November 2020 on representative actions for the protection of the collective interests of consumers. The transposition of this Directive will require a thorough revision of the collective actions in the Spanish Civil Procedure Act. This paper addresses the basic procedural aspects that must be amended.