A raiz de los cambios legislativos que traerá la trasnposición de la Directiva 2020/1828, sobre acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores a nuestro ordenamiento interno, los autores reflexionan sobre la necesidad de mejorar en dicho contexto nuestro ordenamiento jurídico procesal, planteándose qué aspectos de convendría modificar llegado el momento.