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Las investigaciones internas parecen abrirse camino poco a poco en el sector empresarial español (al menos, en las grandes y medianas empresas), lo que puede estar modificando la tradicional visión que se tenía de la instrucción penal. No existe ninguna previsión legal que las contemple en nuestro ordenamiento, pero su anclaje normativo se infiere y deduce de las previsiones que el Código Penal contiene en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tampoco existe ningún pronunciamiento directo sobre ellas por parte del Tribunal Supremo, si bien en diferentes sentencias ha regulado, indirectamente, determinadas cuestiones relativas a su desarrollo y eficacia en el proceso penal. Por otro lado, de atenderse por nuestros tribunales las resoluciones dictadas por el Bundesverfassungsgericht a propósito del caso Dieselgate, las investigaciones internas podrían verse seriamente restringidas. Nos encontraríamos, pues, ante zanahorias legislativas y palos jurisprudenciales.
