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El reciente Proyecto de reformas del Código Penal del Poder Ejecutivo introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en cumplimiento de obligaciones comunitarias e internacionales. Por encima de las divergencias teóricas al respecto, parece llegado el fin de la vigencia de la máxima societas delinquere non potest. Los programas de «compliance» tienden a la prevención de tal responsabilidad.
