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El debate entre tasa y tarifa como sistemas de financiación de los servicios públicos, especialmente cuando éstos se prestan través de concesionario o de personificaciones jurídico-privadas, viene desde antiguo. La legislación muchas veces no ha sabido deslindar con claridad el ámbito de actuación propio de una figura y otra. Y la jurisprudencia, por su parte, ha mantenido posicionamientos cambiantes que no siempre parecian ajustarse a la realidad de la legislación vigente en el momento. La sentencia del Tribunal Supremo 909/2019, de 25 de junio de 2019, ha servido para zanjar definitivamente la cuestión, en una línea que coincide con la seguida por las últimas reformas norma tivas y pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
The debate between rate and fares as financing systems for public services especially when they are provided through a concessionaire or legal-private personifications, comes from the past. Legislation has often failed to clearly define the scope of action of one figure and another. And jurisprudence, meanwhile, has maintained changing positions that did not always seem to fit the reality of the legislation in force at the time. The Supreme Court ruling 909/2019, of June 25, 2019, has served to definitively settle the issue, in one line that coincides with that followed by the latest regulatory reforms and pronouncements of the Constitutional Court.
