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El debate entre tasa y tarifa como sistemas de financiación de los servicios públicos, especialmente cuando éstos se prestan a través de concesionario o de personificaciones jurídico-privadas, viene desde antiguo. La legislación con frecuencia no ha sabido deslindar con claridad el ámbito de actuación propio de una figura y otra. Y la jurisprudencia, por su parte, ha mantenido posicionamientos cambiantes que no siempre parecen ajustarse a la realidad de la legislación vigente en cada momento. La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2015 ha vuelto a situar el debate en primera línea. Y ha abierto un futuro de incerteza sobre la solución definitiva de la cuestión.
The debate between rate and tariff as systems of financing services, especially when they are provied through delear or private law personifications, comes from old. The legislation often has been not abble to define clearly the scope of a figure and another. And the jurisprudence, for its part, has kept changing positions that do not always seem to adjust to the reality of the legislation in force in each moment. The judgement of the Suprem Court of November 23, 2015 has once again putt the debat on the frontline. And it has opened a future of uncertainty about the final solution of the question.
