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Bilbao, España
Este trabajo plantea la necesidad de abordar la reforma de la Constitución en clave ordoliberal o, simplificando, permitiendo un auténtico mercado único que funcione respetando la libre competencia y garantizando unos servicios sociales de alta calidad. Para ello en primer lugar se desarrolla un análisis de la relación entre Constitución y economía (2), haciendo hincapié en la relación entre actividad económica y surgimiento del Estado (definiendo también conceptos tales como el ordoliberalismo y la «constitución económica»). A continuación, se plantea una propuesta de reforma de la Constitución española (centrada en tres aspectos: mercado único, defensa de la competencia y eficiencia de los servicios públicos). Finalmente, se cierra el estudio con un breve apartado de conclusiones que reivindican la necesidad de introducir estos cambios en nuestro texto constitucional.
En cuanto al modelo económico que establecen las constituciones, los tribunales constitucionales nacionales han adoptado una posición que puede parecer contradictoria: por una parte proclaman (de manera más o menos explícita) una pretendida neutralidad respecto de la actividad económica, aunque dentro del marco constitucional, evitando pronunciarse sobre el modelo específico y su contenido y, por otro, realizan un control de validez de medidas de tinte económico amparándose en su cualidad de defensor último de la Constitución y del modelo social que ésta establece. Finalmente, se muestran reticentes a la hora de llenar de contenido la categoría de Constitución económica, prefiriendo mantener un concepto semántico y resistiéndose a dar el paso a establecer una auténtica categoría normativa asimilable a una suerte de «bloque de constitucionalidad económica».
Este trabajo hace, esencialmente, tres propuestas de reforma de nuestro ordenamiento.
La primera gira en torno al modelo económico. En mi opinión, se podría optar por un reconocimiento en el título preliminar de la Constitución del sistema económico por el que optaría la Constitución española, que sería la economía social de mercado (en tanto que el término ordoliberal, es quizá de carácter más bien científico-técnico). Aunque este concepto sería, evidentemente, desarrollado posteriormente, permitiría a la jurisprudencia constitucional proteger un contenido mínimo, que dote de consistencia y efectos la declaración constitucional y proteja el sistema frente a un legislador excesivamente intervencionista o que pretendiese acabar con los servicios públicos (equiparados aquí al concepto de derechos sociales). Se puede argumentar que el artículo 38 ya menciona la «economía de mercado», aunque también podría responderse que esta declaración, fuera del título preliminar (que impregna al resto del texto constitucional), tendría un alcance más limitado. En segundo lugar, al hilo de la adaptación de nuestro ordenamiento que se propone, habría otros aspectos que se podrían desarrollar igualmente, tales como elevar a la categoría de derecho fundamental el derecho de propiedad del artículo 33 (incluyendo las limitaciones derivadas de la función social, por supuesto) o la libertad de empresa del artículo 38. Igualmente, el reconocimiento de los colegios profesionales no parece que deba incluirse en el texto constitucional (actualmente, artículo 36), sino que parece más conveniente que sea la propia Ley la que se ciña a su regulación en aquellos casos en los que realmente exista un interés público que justifique el cierre de mercado que opera una organización de estas características. Finalmente, habría que concretar qué se entiende por una reforma en clave ordoliberal. En síntesis, se trataría de reforzar (o establecer) un auténtico mercado único en España, garantizar la libre competencia y asegurar unos servicios públicos (en forma de derechos sociales) eficientes y de calidad. Ése sería el objetivo final y último de esta propuesta: contar con un mercado abierto a la competencia y eficiente, atractivo a los operadores y que permita una actividad económica que lleve a un nivel alto de recaudación. Así se asegurarían los fondos necesarios para garantizar unos servicios públicos eficientes y de calidad que son los necesarios en un moderno Estado social y democrático de Derecho y de calidad. Así, el objetivo de este trabajo, simplemente, consiste en poner el foco en algunos aspectos, si se quiere, más funcionales, menos existencialistas, pero muy necesarios ante la eventualidad de una reforma de la Constitución. No se habla aquí de la crisis de la democracia representativa, ni del sistema electoral, ni del Estado autonómico (aunque sus ineficiencias están relacionadas con lo aquí propuesto). Al contrario, se incide en una propuesta de reforma más pragmática o funcional, menos elevada en la Teoría de la Constitución, pero cuyos resultados contribuirían a una mejora sustancial de la cosa pública. En esencia, se proponen tres cosas: lograr un auténtico mercado único nacional, constitucionalizar la libre competencia y lograr una administración más eficiente (aunque aquí sólo se ha desarrollado el aspecto relativo a las duplicidades). Un lector crítico podría apuntar que ninguna de estas propuestas (más o menos razonables) necesitaría de su inclusión en el texto constitucional, que simplemente por la vía legal sería posible hacerlo. A ese comentarista bien podría decírsele, igualmente, que tampoco harían falta normas formales, sino que bastaría con un cambio de cultura. También que algunas de esas medidas ya parecían estar incluidas en nuestras leyes. En todo caso, la práctica jurisprudencial y la dinámica de las instituciones en nuestro país parecen demostrar que la garantía constitucional es quizá la más eficiente para lograr el cambio, por distintas razones: por la supremacía jerárquica del texto, porque informa al resto del ordenamiento y por la legitimidad renovada que implica todo proceso de reforma. No se trata de establecer un código constitucional demasiado exhaustivo que acabe petrificando el ordenamiento jurídico, pero sí de constitucionalizar unos principios básicos que dadas las funciones que hoy se exigen del poder público parecen de lo más razonable.
This study raises the need to address the reform of the Constitution according to ordoliberal keys or, simplifying, allowing a genuine single market that works respecting free competition and guaranteeing high quality social services. First, an analysis of the relationship between the Constitution and the economy (II) is developed, emphasizing the relationship between economic activity and the emergence of the State (also defining concepts such as ordoliberalism and «economic constitution»). Next, a proposal to reform the Spanish Constitution is proposed (focused on three aspects: single market, defence of competition and efficiency of public services). Finally, the study ends with a brief section of conclusions that claim the need to introduce these changes in our constitutional text.
As for the economic model established by constitutions, national constitutional courts have adopted a position that may seem contradictory: on the one hand, they claim (in a more or less explicit way) a supposed neutrality with respect to the economic activity, although within the constitutional framework, avoiding to pronounce on the specific model and its content; on the other hand, they carry out a validity control of economic measures based on their quality as the last defender of the Constitution and the social model that it establishes. Finally, they are reluctant to fill the category of economic constitution with content, preferring to maintain a semantic concept and avoiding to take a step forward in order to establish an authentic normative category similar to a sort of «block of economic constitutionality».
Basically, this study makes three proposals to reform our Constitution. The first is about the economic model. In my opinion, one could opt for recognition in the preliminary title of the Constitution of the economic system that the Spanish Constitution would opt for, which would be the social market economy (while the term «ordoliberal» is perhaps rather scientific-technical in nature). Although this concept would, of course, be developed later, it would allow constitutional jurisprudence to protect a minimum content that endows the constitutional declaration with consistency and effects and protects the system against an overly interventionist legislator or intended to end public services (equated here with the concept of social rights). It can be argued that article 38 already mentions the «market economy», although it could also be stated that this declaration, outside the preliminary title (which permeates the rest of the constitutional text), would have a more limited scope. Secondly, in line with the proposed adaptation of our regulation, there would be other aspects that could also be developed, such as considering the right to property of article 33 as a fundamental right (including the limitations derived from the social function, of course) or the freedom of enterprise of article 38. Likewise, the recognition of professional associations does not seem to be included in the constitutional text (currently, article 36), but it seems more convenient that the law itself should be subject to its regulation in those cases in which there is really a public interest that justifies the closing of the market that such an organization is operating. Finally, we should specify what is meant by an ordoliberal reform. In short, it would seek to strengthen (or establish) a genuine single market in Spain, to guarantee free competition and to ensure efficient and quality public services (as social rights). That would be the final and last goal of this proposal: to have a market open to competition and efficient, attractive to operators and allowing an economic activity that leads to a high level of revenue. This would ensure the necessary funds to guarantee efficient and quality public services that are necessary in a modern, social and democratic State of Law and quality.
Thus, the objective of this study is simply to focus on some aspects, that is to say, more functional, less existentialist, but absolutely necessary in the event of a reform of the Constitution. Neither the crisis of representative democracy, the electoral system, nor the autonomic state are mentioned here (although their inefficiencies are related to what is proposed here). On the contrary, there is a more pragmatic or functional reform proposal, less elevated in the Theory of the Constitution, but whose results would contribute to a substantial improvement of public affairs. Basically, three goals are proposed: to achieve a genuine national single market, to make free competition constitutional and to achieve a more efficient administration (although only the aspect related to duplicities has been developed here). A critical reader could point out that none of these (more or less reasonable) proposals would need to be included in the constitutional text. It would simply be possible to do so by legal means. It could also be said to that commentator that formal norms would not be necessary either, but that a change of culture would be enough. Also, that some of those measures already seemed to be included in our law. In any case, the jurisprudential practice and the dynamics of institutions in our country seem to demonstrate that the constitutional guarantee is perhaps the most efficient one to achieve the change for different reasons: for the hierarchical supremacy of the text, because it informs the rest of the norms and for the renewed legitimacy implied by any reform process. It is not about establishing a too exhaustive constitutional code that ends up petrifying the legal order, but it is about getting some basic principles in a constitutional way that, given the functions that today are demanded from the public power, seem to be the most reasonable ones.
