El respeto y correcta aplicación del Derecho de la UE es considerado como una cuestión de legalidad ordinaria por el Tribunal Constitucional. Pese a ello, la posición especial del Derecho de la UE debido a los principios de primacía y aplicabilidad directa requiere algunas matizaciones. El desconocimiento por parte de los órganos judiciales de pronunciamientos del TJUE puede considerarse como una vulneración del sistema de fuentes. El no planteamiento de una cuestión prejudicial europea sin dar razones de esa opción, también puede constituir una vulneración del derecho a la tutela judicial por inexistencia de motivación. La concurrencia de cuestión prejudicial europea y cuestión de inconstitucionalidad respecto de un mismo precepto, se resuelve con la precedencia de la primera sobre la segunda, asegurando de este modo que el pronunciamiento constitucional no es hipotético sino sobre una norma efectivamente aplicable al caso. Finalmente, parece procesalmente idóneo el uso del incidente de nulidad para examinar una cuestión de derecho europeo debatida en la instancia