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Este trabajo analiza la interposición de la «cuestión prejudicial» ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su relación con los derechos relacionados con la tutela judicial efectiva que recoge el artículo 24 de la Constitución española. En particular, los derechos a una resolución fundada en derecho y a un proceso con todas las garantías. Para ello, se hace una concienzuda revisión de la más relevante jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional en la materia, con sus luces y sus sombras. Finalmente, la autora esboza el futuro del tratamiento de la jurisprudencia constitucional en amparo por la indebida no interposición de la cuestión prejudicial, y su función como antesala a una posible reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado.
