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Leioa, España
Los mecanismos para el arreglo de diferencias entre Estados e inversores (ISDS) en la Unión Europea se encuentran en una difícil encrucijada. Tras la decisión en el asunto Achmea, que declara la incompatibilidad del arbitraje de inversiones previsto en un APPRI intra-UE con el derecho de la UE, las trompetas suenan la retirada para buena parte de los mecanismos ISDS presentes hoy en Europa. Por su parte, a raíz de la presentación de una solicitud por parte de Bélgica de una opinión sobre la compatibilidad del nuevo sistema de tribunales de inversión previsto en el CETA, gran parte de su futuro está hoy en manos del TJUE. Si se observa la actitud de desconfianza que el Tribunal Europeo viene mostrando respecto a otras jurisdicciones externas, se advierte que la jurisprudencia del TJUE, centrada en la interpretación de la noción de autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión, se antoja premonitoria y poco halagüeña para el futuro de los mecanismos ISDS. En cualquier caso, y a pesar de la sentencia de Achmea, existen razones suficientes de carácter jurídico y de oportunidad política que invitan a una relectura del concepto de autonomía, de modo que sea posible establecer un escenario de confianza y colaboración donde el diálogo entre distintos tribunales sea una opción real.
The ISDS mechanisms in the European Union are at a difficult crossroads. After the decision in the Achmea case, which declares the incompatibility of the investment arbitration provided in an intra-EU BIT with the EU law, the trumpets sound a retreat for much of the present of the ISDS mechanisms in Europe. Moreover, much of the future of the ISDS mechanisms, after the request of an opinion by Belgium on the compatibility of the new Investment Court System included in CETA, is today in the hands of the CJEU. If one observes the attitude of distrust that the European Court has shown until now regarding other external jurisdictions, it is noted that the jurisprudence of the CJEU, focused on the interpretation of the notion of autonomy of the legal system of the Union, seems premonitory and not very favorable to the compatibility of ISDS mechanisms. Yet, and despite Achmea’s judgment, there are enough reasons of a legal nature and political opportunity that call for a new reading of the concept of autonomy, making it possible to establish a scenario of trust and collaboration where dialogue between different courts is a real option.
