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Las cláusulas suelo declaradas abusivas deben ser consideradas, en principio, como si nunca hubieran existido, de modo que no pueden producir efectos en el consumidor. El TJUE ha sostenido en el caso Gutiérrez Naranjo que limitar temporalmente los efectos que produce la declaración de nulidad es incompatible con los Artículos 6 y 7 de la Directiva de cláusulas abusivas. Sin embargo, el principio de la cosa juzgada continúa regulándose en un plano interno de cada Estado miembro y, por tanto, la sentencia podría quedar en papel mojado para aquellos consumidores que obtuvieron sentencias firmes con anterioridad. Este artículo examina la jurisprudencia de la Unión Europea elaborada en torno al test de efectividad a que queda sometida la autonomía procesal y explora si hay margen para una revisión judicial.
En casos anteriores el propósito protector de aquellos Artículos 6 y 7 ha llevado a exigir a los tribunales nacionales una evaluación de oficio del carácter abusivo de las cláusulas contractuales. Ahora ha llegado el momento de plantearnos si cabe establecer una excepción a la res judicata con el fin de devolver al consumidor a la situación en que se habría encontrado de no existir la cláusula suelo. Lejos de confiar en el derecho nacional, mantenemos que la regla de la cosa juzgada debe ser ponderada en el marco de una aproximación contextual, atendiendo al comportamiento del consumidor y el efecto útil de la Directiva de cláusulas abusivas. Más allá de la línea Rewe/Comet sobre autonomía procesal, también se examinan las implicaciones que podrán tener los requisitos resultantes del estándar de la protección judicial efectiva, regulado en el Artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), en la aplicación de la regla española de la cosa juzgada a las cláusulas suelo.
