La criminalidad organizada está cambiando la reacción socio-política y jurídica frente al delito. La sociedad exige una lucha más eficaz contra el crimen y obliga a la autoridad pública de persecución a ponerse a su altura y a utilizar los mismos medios para contrarrestarla. En este artículo se analizan los modernos medios de investigación basados en la utilización de altas tecnologías introducidos o perfeccionados en España en 2015 y el aumento del intervencionismo público que lógicamente, aunque no necesariamente, implica. Los derechos fundamentales de los ciudadanos siguen operando como límite infranqueable al enorme poder del Estado para interferir en nuestras vidas a la hora de perseguir el crimen, pero las recientes reformas en el mundo parecen querer flexibilizar esa barrera dando a la Policía grandes poderes en perjuicio sobre todo del derecho de defensa. ¿Estamos caminando hacia un Estado marcadamente policial? Algunas soluciones se aportan para controlar esta relajación.