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El 26 de julio de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración con el objetivo de contribuir al cumplimiento de los objetivos de déficit fijados al Estado español por las autoridades europeas, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Bajo una concepción neocentralista del Estado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas amparado en las obligaciones de consolidación presupuestaria, abre paso a una nueva planta local que entra en contradicción con lo dispuesto en los estatutos de Autonomía reformados por las Comunidades Autónomas (especialmente de la Comunidad Autónoma andaluza y catalana) y limita severamente la atención a los derechos sociales que venían siendo atendidos por la Administración autonómica y local al despojar al ámbito municipal de parte de las competencias que actualmente ejercen.
