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El Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local pretende no sólo garantizar el equilibrio presupuestario sino, más aún, reducir los gastos de los gobiernos locales. Una de las formas de ahorro es la modificación del sistema competencial. El Anteproyecto pretende reducir la actividad municipal de varias formas: suprimiendo competencias locales (fundamentalmente, sobre salud, educación y servicios sociales); imponiendo que la actividad municipal se realice conforme a los "costes estándar" definidos por el Gobierno; fomentando la gestión municipal por delegación, y estableciendo una escala de prioridades en la actividad local, de manera que los ayuntamientos sólo podrán ejercer competencias "impropias" y la iniciativa económica pública cuando estuviera asegurada la gestión sosotenible (y a "cosste estándar") de los servicios municipales obligatorios y de las competencias propias. De otro lago, el Anteproyecto prevé el traslado de competencias a las provincias cuando los municipios de menos de 20.000 habitantes no consigan gestionar sus servicios obligatorios a "coste stándar". Estos contenidos normativos del Anteproyecto presentan múltiples deficiencias técnicas y son en buena medida disconformes con el sistema constitucional.tanto en lo que se refiere a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas como en lo uqe hace al principio democrátivo y la garantía constitucional de autonomía local.
The recent governmental draft of the "Rationalization and Sustainability of Local Governments'Act" aims nor only to ensure balanced budgets but also to reduce local governments' expenses. One way of saving can be achieved through the modification of the current local powers and obligations'scheme. Municipal expenditure can be reduced in multiple ways such as the following: a) by suppressing local powers (primarily on helath, ducationa and social services); b) by restricting municipal mangement through delegation to exercise powers on "improper" fields and public economic initiative only when both the cording to the "Standard cost". Furthermore, the draft establishes the transferof powers to provinces when the municipalities with fewer than 20.000 inhabitans fail to manage their tiple technical deficiencies and are to a great extent not in accordance to the Constitucion concerned as well as in relation to the democratic principle and the constitucional guarantee of local self-government.
