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El aumento de la delincuencia del que hablan las estadísticas y la creciente reclamación ciudadana de una mayor eficacia political y judicial ha colocado el asunto de la seguridad pública en un primer plano de agenda política. Esta preocupación por el mantenimiento de la seguridad ciudadana se ha traducido materialmente en significadas medidas legislativas, algunas de ellas técnicamente muy discutibles. Pero ha tenido consecuencias también para la vertiente organizativa o institucional de la seguridad pública, según lo testimonian, en la Comunidad de Madrid, la puesta en marcha en 2004 del Proyecto de Seguridad (BESCAM) y, más recientemente, la aprobación del Anteproyecto de una nueva Ley de Policía Local. El presente texto examina estas dos iniciativas autónomicas y desvela, sirviéndose de la doctrina constitucional, algunas de sus principales debilidades.
The increase in crime according to statistics, and the growing citizen claim to major political and judicial effectiveness, has placed the issue of public safety in the eye of political schedules. this concern for the maintenance of public safety has been physically translated into important legislative measures, although some of them very questionable. But it had also brought consequences for the organizational and constitutional public safety aspects, as testified in the Community of Madrid with the implementación in 2004 of the Security Project (BESCAM) and, more recently, the adoption of the new local Policy Draft. The current paper examines these two regional initiatives and reveals, by means of constitutional doctrine, some of their main weaknesses.
