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Este trabajo analiza la normativa nacional e internacional que, en los últimos años, se ha venido aprobando para proteger a las personas discapacitadas y contribuir a su inclusión laboral y social en condiciones de igualdad y no discriminación. Dicha normativa ha ido acompañada de la flexibilización del propio concepto de discapacidad, con el fin de dar amparo a un número creciente de personas que se hallan en diferentes situaciones de alteración de la salud, las cuales reducen su capacidad laboral. Un paso clave en esta corriente protectora es la STJUE de 18 de enero de 2024, que exige al empresario la valoración de los ajustes razonables antes de proceder a la extinción contractual por incapacidad permanente del trabajador. Se pone, así, fin a una interpretación literal del art. 49.1.e) ET, que parecía permitir la automaticidad de la extinción tras la resolución firme de IP. Esta sentencia obliga también al legislador español a modificar el citado precepto estatutario, cuyo proyecto de reforma (ya publicado) contiene importantes novedades, apostando por la inclusión laboral de la persona discapacitada a través de la solicitud de los ajustes razonables en el puesto de trabajo o el cambio a otro compatible.
