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Madrid, España
La utilización de las expresiones «judicialización de la política» y «politización de la justicia» resulta insuficiente para representar la actual contribución de los órganos con funciones jurisdiccionales a la acción de gobierno. Los procesos de reubicación de la producción normativa en los ejecutivos, el carácter programático de la legislación estatal y la fragmentación de los centros de producción normativa generan un escenario donde la función jurisdiccional adquiere un creciente protagonismo. El estudio propone la utilización del término «jurisdicción de gobierno» para analizar el impacto de la función jurisdiccional en la configuración de políticas públicas y la determinación de derechos individuales en sistemas de gobierno multinivel. A partir de un estudio jurisprudencial relacionado con la política de vivienda, el análisis muestra cómo la legislación estatal, aun de carácter programático y sin efecto directo, puede operar como canon interpretativo en la delimitación de competencias entre niveles de gobierno y en la revisión de la actividad administrativa, aunque con una recepción heterogénea en función de la materia y el territorio. Además, la jurisdicción de gobierno refleja un debate interno con posiciones divergentes acerca de cómo conciliar el respeto de las competencias autonómicas en el desarrollo de las políticas públicas con el ejercicio de las competencias transversales del Estado.
The use of the expressions «judicialization of politics» and «politicization of justice» proves insufficient to represent the current contribution of bodies exercising jurisdictional functions in governmental action. The shift of rulemaking towards the executive, the programmatic nature of state legislation, and the fragmentation of normative production centers generates a scenario where the jurisdictional function gains a growing prominence. This study proposes the use of the term «governmental jurisdiction» to analyse the impact of the jurisdictional function on the shaping of public policies and the determination of individual rights in multi-level governance systems. Based on a case law study relating to housing policy, the analysis shows how state legislation, even of a programmatic nature and without direct effect, can operate as an interpretative framework in the delimitation of competences between levels of government and in the review of administrative activity, although with a heterogeneous reception depending on the subject matter and the territory. Furthermore, the governmental jurisdiction reflects an internal debate with divergent views on how to balance the respect for regional government competences regarding public policies with the exercise of the State’s cross-cutting competences.
