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La propiedad (en concreto, de la vivienda) es campo abonado para el controvertido ejercicio del Tribunal Constitucional como legislador negativo, y aún positivo, al ir traduciendo en sus sentencias los parámetros vigentes de recognoscibilidad del derecho de propiedad privada. Sin embargo, la STC, Pleno, 79/2024, de 21 de mayo, objeto de comentario en este trabajo, está muy lejos de constituir un «leading case» en la materia. Se mueve en una posición conscientemente cómoda en la argumentación, que en muchos puntos le podría haber llevado tanto al fallo que contiene, como al contrario. Cualquier aproximación al tema no puede escamotear reflexiones acerca de los límites del poder definidor de la propiedad del legislador, del enfoque «pro legislatoris», del juicio de proporcionalidad, o de las ideas rectoras de función social y contenido esencial. Desde un punto de vista técnico jurídico la piedra de toque no es, en la actualidad, el concepto de función social, sino el de contenido esencial del derecho. La pregunta es si el núcleo duro acuñado en el art. 53 CE con la expresión «contenido esencial» tiene carácter abierto y sujeto a evolución y hasta qué punto opone resistencia al cambio esa «constancia mínima sobre el “mío jurídico”», en acertada expresión de GROSSI. Por debajo de todo ello, el baqueteado derecho a la vivienda.
It cannot be denied that property is fertile ground for the controversial exercise of the Constitutional Court as a negative, and even positive, legislator, by translating into its rulings the current parameters of recognizability of the right to private property. However, the STC, Pleno, 79/2024, of May 21, ruling is far from constituting a leading case in the matter. It moves in a consciously comfortable position in the argumentation, which could have led it both to the ruling it contains and to the contrary. Any approach to the subject cannot avoid reflections on the limits of the legislator's power to define property, the «pro legislatoris» approach, the judgment of proportionality, or the guiding ideas of social function and essential content. From a technical legal point of view, the touchstone is not, at present, the concept of social function, but rather that of the essential content of the law. The question is whether the hard core coined in art. 53 CE with the expression «essential content» is open and subject to evolution and to what extent this «minimal constancy of the «legal self» resists change, in the apt expression of GROSSI. Beneath all this lies the battered right to housing
