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Sevilla, España
Madrid, España
Este artículo corresponde a una investigación jurídico-comunicativa cuyo objetivo general estudia cómo debería funcionar el principio constitucional de la neutralidad de los poderes públicos en su actuación pública relacionándolo con la transparencia que debe guiar toda labor de gobierno en la asignación de recursos públicos. Un elemento especialmente relevante cuando se trata de asuntos concernientes a los medios de comunicación. La metodología utilizada recurre a los instrumentos jurídicos para discutir las relaciones existentes entre dichos principios y el reparto de fondos públicos destinados a la publicidad institucional. El estudio de caso se centra en la Sentencia del Tribunal Constitucional 104/2014 y sus correlativas, referentes a la exclusión de la Cadena SER del reparto de la publicidad institucional en la provincia de Castellón. El Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo de la Cadena SER y consideró injustificada su exclusión, aunque no se pronunció acerca de otros elementos relevantes. Se requiere mayor esfuerzo en transparencia y rendición de cuentas para evitar la instrumentalización de los medios por los poderes públicos.
This paper corresponds to a legal-communication research whose general objective is to study how the constitutional principle of the neutrality of public authorities in their public actions should work in relation to the transparency that should guide all government work in the allocation of public resources. This is particularly relevant when it comes to matters concerning the media. The methodology used uses legal instruments to discuss the relationship between these principles and the allocation of public funds for public service advertising. The case study focuses on Constitutional Court Ruling 104/2014 and its correlative rulings, concerning the exclusion of Cadena SER from the distribution of public service advertising in the province of Castellón. The Constitutional Court upheld Cadena SER's application for amparo and considered the exclusion to be unjustified, although it didn’t ruling on other relevant elements. Greater efforts in transparency and accountability are needed to avoid the instrumentalisation of the media by public authorities.
