Acceso usuarios
Ciudad Real, España
En este trabajo se analiza la situación legislativa y la rendición de cuentas que realizan las comunidades autónomas españolas en materia de publicidad institucional. En primer lugar, se realiza una comparativa de las trece leyes autonómicas que se han promulgado entre 2000 y 2018, atendiendo al partido en el gobierno en el momento de su aprobación, su ámbito de actuación y los instrumentos de rendición de cuentas que prevén. Seguidamente, se evalúa el cumplimiento de 14 indicadores sobre acceso público a datos de esta partida presupuestaria a partir del análisis de contenido de los portales de transparencia de cada comunidad autónoma. Los resultados muestran diferencias en la jurisprudencia -hay cuatro comunidades aún sin legislación- y distintos grados de obligaciones en materia de transparencia, aunque no existe por el momento una relación directa entre el desarrollo legislativo y la facilidad de acceso a la información. La legislación más exigente es la de la Comunidad Valenciana (2018), mientras que los portales más completos son los de Castilla y León, Navarra, Extremadura y País Vasco. Destacan por sus carencias, tanto en normativa como en facilidad de acceso a la información, comunidades como Madrid, Cantabria o Galicia. Esta heterogeneidad supone una desigualdad en el derecho de acceso a la información de la ciudadanía española y pone de manifiesto la necesidad de revisar el marco normativo para su actualización.
This paper analyses the legislative situation and accountability of the Spanish autonomous communities in terms of institutional advertising. On the one hand, a comparison is made of the thirteen regional laws that have been enacted between 2000 and 2018, taking into account the party in government at the time of their approval, their scope of action and the accountability instruments they provide for. On the other hand, compliance with 14 indicators on public access to data on this item is assessed based on the content analysis of transparency portals. The results show differences in jurisprudence - four regions still lack legislation - and varying degrees of transparency obligations, although there is not always a direct relationship between legislative development and ease of access to information. The most demanding legislation is the one developed by Valencian Community (2018), while the most complete portals are those of Castilla y León, Navarra, Extremadura and the Basque Country. Communities such as Madrid, Cantabria and Galicia stand out for their shortcomings, both in terms of regulations and easy access to information. This heterogeneity represents an inequality in the right of access to information for Spanish citizens and highlights the need to review the regulatory framework in order to update it.
