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Los ciudadanos a menudo ignoran que, gracias al mecanismo de arbitraje internacional, las empresas están en condiciones de meter en cintura a los países, a veces a despecho de leyes y Constituciones. Este sistema de justicia privada, con sus normas y prácticas opacas, figura, sin embargo, en la mayor parte de los tratados bilaterales de inversiones (TBI) firmados con la excusa de facilitar la circulación de capitales.
