La Ley 7/2022, de 8 de abril, obliga a las entidades locales a establecer una tasa o prestación que financie el servicio de recogida, tratamiento y reciclado de los residuos domésticos urbanos. Esta tasa o prestación debe implementar como elemento fundamental el pago por generación de residuos, o lo que es lo mismo, quien contamina paga. Tal cosa, siendo bienintencionada, no es nada fácil y tiene múltiples matices. Aquí se reflexiona sobre algunos de ellos.