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La revolución tecnológica que ha experimentado nuestra sociedad en los últimos tiempos ha afectado prácticamente a todos los ámbitos de nuestra existencia, y por supuesto también, al criminal, dando lugar al complejo fenómeno de la ciberdelincuencia. Esta nueva forma de delinquir, que asimismo se ha hecho notar en los casos de violencia de género, ha forzado el entendimiento entre los estados para tratar de buscar respuestas a una realidad que avanza a pasos agigantados y que excede del alcance de sus regulaciones internas. Un claro ejemplo de ello es la iniciativa legislativa que ha propuesto la Comisión para complementar el Protocolo Adicional al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia (2001), a través de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal, en aras a lograr una mayor eficacia de las investigaciones y enjuiciamientos para, en última instancia, mejorar la seguridad y reducir la impunidad de los delitos informáticos o de los que utilicen la tecnología para su perpetración.
The technological revolution that our society has recently experienced has affected practically all areas of our existence, including the criminal one as well, giving rise to the complex phenomenon of cybercrime. This new form of commit crime, which has also been noted in cases of gender-based violence, has forced understanding between the states to try to find answers to a reality that is going forward by leaps and bounds and that exceeds the scope of its internal regulations. A clear example of this is the legislative initiative that the Commission has proposed to complement the additional protocol to the Budapest Convention on Cybercrime (2001), through the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters, in order to achieve greater effectiveness in investigations and trials in order, as a last resort, to improve security and reduce impunity for crime using Internet or illegal use of Internet.
