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Valladolid, España
La implantación en mayo del 2020 del Ingreso Mínimo Vital incorporó a las políticas públicas de garantía de ingresos una nueva prestación que vino a convivir con otras de similar naturaleza, objetivos y destinatarios y de amplia trayectoria en las Comunidades Autónomas: las rentas mínimas. Al tiempo que se vio tensionada la arquitectura institucional que sostenía estas rentas, se removieron los engranajes organizativos implicados en su gestión y se vieron afectados los resortes técnicos encargados del diseño e implementación de procesos de inclusión social. El presente artículo expone los resultados de una investigación que, utilizando una metodología cuantitativa y cualitativa, da voz a los profesionales de la intervención social que se han ocupado de acompañar a las personas y a las familias en su itinerario hacia la prestación estatal o en la intersección entre ésta y las rentas autonómicas. Los resultados exploran los avances que, en términos de reconocimiento en la lucha contra la pobreza y la exclusión, ha supuesto el Ingreso Mínimo Vital, pero también algunas de sus limitaciones de diseño y gestión. También se apuntan algunas propuestas que estos profesionales realizan para articular la convivencia entre ambas prestaciones en el marco de los futuros sistemas autonómicos de garantía de rentas.
The implementation of the basic minimum payment in May 2020 added a new benefit to public income guarantee policies to others of a similar nature, with similar targets and recipients and with a long history in the Autonomous Communities: minimum income. While the institutional architecture that sustained this income was stressed, the organizational gears involved in its management were removed and the technical resources responsible for designing and implementing social inclusion processes were affected. This paper describes the results of an investigation that used quantitative and qualitative methodology to report the views of social intervention professionals who have accompanied individuals and families on their journey towards State provision or where State and regional income intersect. The results section explores the progress that the basic minimum payment has brought about in terms of recognition in the fight against poverty and exclusion, but also identifies certain limitations affecting its design and management. The article also notes certain proposals from participants to shape the future coexistence of both benefits within regional income guarantee systems.
