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Mar Antonino de la Cámara
El Tribunal Supremo neerlandés (Hoog Rad) ratificó en 2018 las sentencias de instancia que condenaron al Gobierno neerlandés a reducir las emisiones de CO2 un 25 % respecto de lo producido en 1990. Esta sentencia histórica ha sido celebrada como un avance en materia de litigios sobre el cambio climático, pero también ha despertado reticencias, dado que supone una injerencia en la labor del legislador. En este comentario se procederá a un análisis del asunto Urgenda y de las implicaciones del constitucionalismo global para algunos principios de justicia constitucional.
In 2018, the Dutch Supreme Court (Hoog Rad) upheld the lower court rulings that ordered the Dutch government to reduce CO2 emissions by 25 % compared to production in 1990. This landmark ruling has been hailed as a breakthrough in climate change litigation, but has also raised concerns that it interferes with the work of the legislator. This commentary analyses the Urgenda case and some implications of global constitutionalism for some principles of constitutional justice.
