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La aprobación de Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se nos presenta como el primer intento serio de dar una respuesta legislativa a las sucesivas resoluciones del TJUE sobre la insuficiencia de las medidas internas para prevenir y/o sancionar el abuso de los nombramientos temporales, al interpretar la Directiva 1999/70. Este hito legislativo constituye un buen pretexto para recapitular y evaluar el resultado, por el momento, de la interacción entre el TJUE y el derecho interno en esta concreta materia, y más específicamente, del papel desempeñado por el mecanismo procesal de la cuestión prejudicial como instrumento de integración del derecho de la UE
