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Eugenio Arribas López
En el ámbito de la Administración Penitenciaria, la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de ocho de julio de 2020 supuso un gran paso adelante en el reconocimiento del derecho a la indemnidad de los funcionarios de prisiones por daños o lesiones ocasionadas como consecuencia o con ocasión del servicio público prestado, ya que la doctrina emanada de aquélla resolución se entendió aplicable a todos los servidores públicos. La reciente STS de ocho de marzo de 2022, por lo que a los empleados públicos penitenciarios se refiere, por el contrario, ha supuesto su exclusión, quizá (y ojalá que) momentánea, de la aplicación del principio de indemnidad.
