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En el ámbito de la Administración Penitenciaria, la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de ocho de julio de 2020 supuso un gran paso adelante en el reconocimiento del derecho a la indemnidad de los funcionarios de prisiones por daños o lesiones ocasionadas como consecuencia o con ocasión del servicio público prestado, ya que la doctrina emanada de aquélla resolución se entendió aplicable a todos los servidores públicos. La reciente STS de ocho de marzo de 2022, por lo que a los empleados públicos penitenciarios se refiere, por el contrario, ha supuesto su exclusión, quizá (y ojalá que) momentánea, de la aplicación del principio de indemnidad.
