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La pandemia del COVID-19 generó en 2020 la mayor crisis económica que América Latina y el Caribe habrá experimentado en su historia, con una contracción estimada del PIB regional de -9,1%. La fuerte contracción económica ha tenido un impacto significativo en el mercado laboral de la región, con consecuencias en la destrucción de empleos, en el aumento de la desocupación y en la precarización de las condiciones laborales. Si bien la región ha enfrentado diversas crisis que impactaron sus economías y mercados laborales, generando grandes desafíos para las políticas sociolaborales, ninguna tuvo la rapidez, profundidad e impacto en la demanda y oferta de las economías y en los mercados laborales de la región como la crisis sanitaria. A su vez, históricamente las crisis gatillaron presiones en los marcos institucionales y en la capacidad para la articulación de las políticas sociolaborales, lo que ha implicado revisar y generar arreglos en la arquitectura institucional y en los instrumentos para la toma de decisiones. A la hora de generar una respuesta a la crisis frente a la pandemia de la COVID-19, estos desafíos también se presentan a una escala global, regional y nacional.
La respuesta inmediata a la pandemia ha implicado medidas de contención que afectan tanto la oferta y la demanda económica y laboral, con incertidumbre sobre el proceso de normalización y sobre la efectividad de las políticas para acompañar dicho proceso. La necesidad de enfrentar los efectos crisis de la COVID-19 en los países de América Latina y el Caribe ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de respuestas a la crisis cuando requieren complementariedad de políticas (salud, económicas, laborales y de seguridad social) y de plazos, que afecta de forma distinta (sectores, tamaños de empresa, grupos vulnerables) a la oferta y demanda laboral, y a la capacidad de las instituciones sociolaborales para dar una respuesta oportuna. Como consecuencia toma importancia revisitar las experiencias de respuestas a crisis, el tipo de políticas disponibles y los requerimientos de nuevas políticas y articulaciones institucionales para enfrentar los efectos de corto y mediano plazo de la pandemia de la COVID-19.
