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El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular se propone como el eje de la gobernanza migratoria global, a partir de su adopción en Marrakech, en diciembre de 2018. Junto con el gobierno de Suiza, el gobierno de México fue coordinador del proceso de la adopción multilateral de este pacto. Ante la coyuntura migratoria que se presentó en México -a partir de las caravanas migrantes centroamericanas en el otoño de 2018, que justo coinciden con el proceso de adopción internacional del pacto-, el gobierno mexicano proponía formular el abordaje de su crisis humanitaria migrante desde la aplicación de su legislación migratoria, manteniendo una discursiva de cumplimiento con el pacto. En este artículo, se analiza críticamente la implementación de la política migratoria mexicana; en particular, las contradicciones que presenta la intervención de la Guardia Nacional en operativos de control migratorio. Ello, debido a que revelan la prevalencia de un enfoque de seguridad nacional, en contraposición a un enfoque de seguridad humana, cuyo eje sean los derechos humanos de las personas migrantes. Además, se discute la implementación de este enfoque desde una perspectiva no Estado-céntrica.
The Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration has been proposed, since its adoption in Marrakech in December 2018, as a fundamental pillar of global migratory governance. Together with the government of Switzerland, the government of Mexico has coordinated the process for the multilateral adoption of the compact. The migration crisis that occurred in Mexico as a result of the Central American migrant caravans of Autumn 2018 coincided with said process for adopting the international compact. The Mexican government approached this humanitarian crisis via the application of its migration legislation, maintaining a discourse of compliance with/ enforcement of the compact. The present article critically analyzes the implementation of Mexican migration policy, particularly the contradictions presented by the intervention of the National Guard in migration control operations, which reveals the prevalence of a national security focus, in contrast to a human-safety focus based on the human rights of migrants. Moreover, it discusses the implementation of this focus from a non-state-centric perspective.
