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El trabajo analiza las medidas tecnológicas y organizativas en el ámbito de la Administración de Justicia que se regulan en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre. Se examinan, de un lado, las medidas procesales urgentes adoptadas para hacer frente a las situaciones nuevas provocadas por la grave situación sanitaria ocasionada por la Covid-19, que comportan la tramitación «preferente» de los procedimientos que se mencionan en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. También se analizan las medidas adoptadas en materia concursal y societaria, destinadas al mantenimiento de las empresas y, en su caso, a una rápida tramitación en los Juzgados de lo Mercantil.
De otro lado, se analizan las medidas organizativas y tecnológicas adoptadas para evitar contagios y preservar la salud de los intervinientes, y que consisten en que los actos procesales, como son la realización de los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas, se realicen, con carácter general, «mediante presencia telemática», con la excepción, en el orden penal, de que será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave, y también para una mayor garantía de los derechos del investigado o acusado.
Por último se analiza la modificación de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa en cuanto a la atribución a los diferentes órganos judiciales de la competencia de «autorización o ratificación» de medidas sanitarias que limiten o restrinjan derechos fundamentales
The article analyses the technological and organizational measures that Law 3/2020, of 18th September, has incorporated to the administration of justice. Firstly, the text studies the urgent procedural measures taken for dealing with new circumstances originated by the Covid-19, that consist of preferential proceeding on civil, administrative and social matters. Furthermore, the measures adopted on insolvency and corporate issues, which are aimed to maintain companies or to facilitate a rapid proceeding before mercantile courts, are also analysed.
Secondly, the contribution analyses the measures taken to avoid contagions and to protect the health of those involved in the process. Procedural acts, such as acts of the trial, appearances and declarations before the courts, have to be done by telematic means, except in criminal matters where the physical presence of the defendant in serious crimes is necessary in order to better guarantee his rights.
Finally, the article studies the reform of the Law on the Administrative Jurisdiction that attributes to administrative judges the authorization or the ratification of sanitary measures that limit or restrict fundamental rights
