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Uno de los retos de un sistema descentralizado como el español es asegurar la cooperación intergubernamental, promoviendo así una gobernanza ambiental eficaz en múltiples niveles. Este artículo intenta arrojar luz sobre los instrumentos de cooperación existentes entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de medio ambiente. Basándose en una amplia recopilación de datos, los hallazgos empíricos muestran que la actual cooperación intergubernamental (principalmente a través de los mecanismos de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y las Comisiones Bilaterales), aunque no sea baladí, resulta aún frágil en un supuesto de competencia compartida que va más allá de la ejecución común de actividades administrativas. En consecuencia, resulta determinante el papel del Tribunal Constitucional en lo que respecta al ejercicio de las competencias ambientales compartidas.
