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Albert Estrada Cuadras
El trabajador entrevistado en el marco de una investigación penal interna sobre un hecho en el que ha intervenido de forma penalmente relevante se enfrenta a un amargo dilema: confesar o ser despedido. A menos que la vigencia del derecho a no declarar contra sí mismo se extienda a los resultados de este tipo de indagaciones, la posición jurídica del trabajador en el proceso penal público se ve gravemente debilitada. En el presente trabajo se exploran las vías para que la mayor eficacia en la prevención y persecución del delito, conseguida con la inyección de recursos privados en forma de investigaciones internas, se alcance en beneficio de todos y no sólo a costa de los derechos y garantías procesales del trabajador por cuenta ajena.
