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Desde la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código penal español, los tribunales han tenido muy escasas ocasiones de pronunciarse acerca de la aplicación de la sucesión en la responsabilidad penal de la persona jurídica. La cuestión acerca de si debe trasladarse la responsabilidad penal a una persona jurídica que no ha participado ni ha tenido intervención alguna en el delito, plantea importantes problemas técnicos desde la óptica del principio de culpabilidad. La construcción jurídica acerca de la necesidad de realización de due diligence de compliance (pre-acquisition y post-acquisition), como mecanismo para ponderar el traslado de la responsabilidad penal, o para fundamentar ese traslado por no haber controlado esos riesgos, se ha impuesto ya en el sistema estadounidense, británico y francés. Posiblemente, con las debidas particularidades debemos avanzar en esa línea para delimitar en qué casos podrá trasladarse la responsabilidad penal a través de la qué supuestos no será posible.
