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El presente trabajo trata el supuesto de riesgo asociado a la traslación de responsabilidades penales como consecuencia de las compras o fusiones de entidades mercantiles, en concreto el de la imputación del Banco Santander que se ve llamado a un procedimiento penal, no solamente como potencial responsable civil, sino como investigado por hechos en los que la entidad no tuvo nada que ver. El autor llega a la conclusión de que esta situación hace recomendable una reforma legislativa que permita una interpretación del artículo 130.2 del Código Penal por parte de los Tribunales que evite una traslación “ciega” o automática de la responsabilidad penal en casos de fusiones o adquisiciones de sociedades mercantiles.
