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La Comisión Europea ha anunciado recientemente recurso por incumplimiento contra la normativa española en materia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador derivada de la infracción del Derecho de la Unión. Con ello el Tribunal de Justicia tendrá la oportunidad de abordar si el régimen jurídico al que se ha llegado desde el punto de vista procedimental a partir de la Sentencia "«Transportes Urbanoss" (C-118/08) se compadece con las exigencias del principio de efectividad o, si por el contrario, éste ha quedado desvirtuado por la acción del legislativo de 2015 desde la respuesta dada a aquella cuestión prejudicial. Igualmente, podrá enfrentarse la trascendental cuestión de si equivalencia y efectividad han de operar no solo en lo procedimental sino también en lo sustantivo, despejando la incógnita propiciada por el no haber entablado la Sala Tercera en el año 2014 el conveniente diálogo prejudicial y que, en la práctica y desde entonces, ha podido traducirse en un tratamiento menos favorable de las lesiones consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea respecto de aquéllas derivadas de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional.
The European Commission has recently announced an infringement proceeding regarding Spanish legislation about State liability for the legislative action that breaches European Union law. With this, the Court of Justice will have the opportunity to address whether the legal regime that has been reached from the procedural point since the "«Transportes llrbanoss" ruling (C-118/08) is in line with the requirements of the principie of effectiveness or, on the contrary, whether this principie has been distorted by the action of the legislature of 2015 since the answer given to that preliminary ruling. Furthermore, the transcendental question of whether equivalence and effectiveness must operate not only in the procedural but also in the substantive sphere can be addressed, clearing up the uncertainty caused by the failure of the Administrative Chamber of the Supreme Court not submitting a question for a preliminary ruIing in 2014, which, in practice and since then, has been able to represent a less favorable treatment of damages resulting from the application of a rule declared contrary to European Union law with respect to those derived from the application of a rule declared unconstitutional.
